Advierten por nombramiento de magistrado del Poder Judicial de Sinaloa: fue ministro de iglesia cristiana
Señalan que Adán Salazar Gastélum, actual Juez de Control, no cumple con los requisitos de ley
Redacción
Ciudad de México.- Sectores sociales alertaron al Congreso de Sinaloa sobre el riesgo del nombramiento de Adán Salazar Gastélum, actual Juez de Control y Enjuiciamiento Penal, como Magistrado del Poder Judicial del Estado, toda vez que, denunciaron, no cumple con los requisitos de ley.
A través de una carta enviada a los legisladores locales, Jesús Estrada Ferreiro, ex alcalde de la capital sinaloense, advirtió que Salazar Gastélum se encuentra impedido por la Constitución Federal y su Ley Reglamentaria para ser Magistrado, toda vez que se desempeñó como secretario del orden de gobierno de la iglesia Cristiana Manantial de Vida.
El juzgador renunció al ministerio de culto en abril de 2021, pero la ley dispone que se requiere por lo menos 3 años de separación del cargo religioso para ser Magistrado.
“No reúne los requisitos de capacidad y legitimación para ser juez en las causas penales que viene instruyendo, mucho menos tendrá la legitimación para ostentar el cargo superior de Magistrado, toda vez que la persona que ejerza el ministerio de cualquier culto no podrá desempeñar cargos públicos mayores como Gastélum que era secretario del orden de gobierno de la iglesia Cristiana Manantial de Vida y que renunció el 9 de abril del 2021, pero la ley dispone que requiere por lo menos 3 años de separación”, indicó el exfuncionario al presentar el escrito con diversas organizaciones.
Según organizaciones sociales, lo anterior constituye una violación al artículo 130 de la Constitución Mexicana, ya que establece que los ministros de culto no pueden desempeñar cargos públicos.
Además de que el artículo 14 de la Ley de Asociaciones Religiosas y Culto Público, indica que cualquier ministro de culto tiene que separarse de sus labores en la iglesia al menos con tres años de anterioridad.
Advirtieron que, de ser omisos con estos hechos, los diputados podrían ser acreedores a cargos por abuso de poder y encubrimiento por favorecimiento.
(Con información de El Universal).
