La Sedena confirma que mantendrá el control administrativo de la Guardia Nacional
Pese a que el presidente López Obrador aseguró que cumpliría la sentencia de la Suprema Corte y la Guardia Nacional pasaría a la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana al inicio del año
Redacción
Ciudad de México.- El pasado sábado 6 de enero, entre el personal de la Guardia Nacional circuló un oficio en el que se confirma que la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) mantiene el “control administrativo” de este organismo, decisión que se da en pleno desacato de la resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), la cual resolvió que el 1 de enero 2024 esa corporación debería de pasar a la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC).
El documento señala: “La Guardia Nacional continuará únicamente bajo el mando administrativo de la Sedena, quedando bajo el mando operativo de la “SPSC” (sic), realizando convenios en el marco de colaboración, continuando con los beneficios proporcionados por la Sedena, debiendo cuidar el lenguaje implementado, considerando que solo podrán realizar solicitudes y no ordenar”.
Ello significa que todos los recursos, incluidas las plazas, los va a seguir manejando la Sedena, y en cuestiones operativas la instrucción es que la SSPC solamente podrá sugerir, no ordenar.
Uno de los elementos de la Guardia Nacional consultados sobre el tema considera que, con esta instrucción, “la Guardia Nacional y sus integrantes no sufrimos ningún cambio, ya que realmente no hay nadie en la SSPC que lleve la cuestión operativa, toda la lleva la Sedena, ya que sabemos que (la secretaria de Seguridad) Rosa Icela (Rodríguez) sabe de seguridad lo que yo sabría de astrofísica”.
Uno de sus compañeros coincide: “Esto realmente no tiene ninguna implicación porque en la SSPC no hay mandos, ahí son pura gente administrativa. La secretaría físicamente está ahí arriba, en Constituyentes, pero su estructura no es más allá de gente que está llevando estadísticas, gente que lleva comunicación social. No hay más”.
Uno más interviene: “A pesar de lo que diga el oficio, obviamente la operación también seguirá siendo militar. ¿Qué puede llevar de operativo o qué puede ordenar, si la señora Rosa Icela Rodríguez, que es la secretaria, no conoce nada de la operatividad de una corporación de seguridad?”.
La Marina llama a su personal
De acuerdo con otro oficio, hasta ahora la Secretaría de Marina Armada de México (Semar) es la única dispuesta a acatar la disposición de la SCJN.
Integrantes de esta corporación que fueron comisionados a la GN ya solicitan la “reasignación a la fuerza armada de origen ‘Secretaría de Marina (Semar)’”, en respuesta a un oficio en que la corporación indica a su personal que todo el que no desee quedarse en la Guardia Nacional envíe una solicitud para pedir el cese de la comisión, a fin de reincorporarse la Unipolnav (Unidad de Policía Naval).
Ese oficio advierte que la fecha límite para solicitarlo será el próximo 28 de febrero y que los marinos que decidan quedarse pasarán a formar parte de los cuadros de la policía militar bajo el mando de la Sedena.
Enviados al contralmirante IM. DEM, jefe de la Unipolnav, los oficios para solicitar la reincorporación se basan en el artículo 25 de la Ley de Disciplina de la Armada de México y Párrafo Segundo Transitorio del Decreto del 9 de septiembre de 2022 (de la SCJN) y señalan textualmente “que personal naval asignado a la Guardia Nacional, que, transcurridos sesenta días naturales de la entrada en vigor del presente Decreto, no solicite su reasignación a la Fuerza Armada de origen se le cancelará el documento que legalmente acredite el grado jerárquico con que cuente y se le expedirá uno nuevo con el grado equivalente que corresponda dentro de la Policía Militar, cesando de prestar servicios en la Armada para pasar a prestarlos en el Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos”.
Los oficios de reasignación se basan en la interpretación emitida dentro de la sentencia: acción de inconstitucionalidad 137/2022, de fecha 20 de septiembre del 2023, dictada por la SCJN en su apartado “C. 2 Reasignación del personal asignado a la Guardia Nacional, proveniente de la Policía Naval”, el cual entró en vigor el pasado 1 de enero.
En 2022 el presidente Andrés Manuel López Obrador envió un decreto para que la Sedena asumiera la administración, las funciones orgánicas, así como la operación de la Guardia Nacional, el cual fue aprobado por los legisladores de Morena pese a que se estaba violando al artículo 21 Constitucional, que establece el carácter civil de las instituciones de seguridad pública.
Esta decisión fue impugnada por legisladores, partidos opositores y organismos de la sociedad civil, y en abril de 2023, la SCJN declaró la invalidez del decreto presidencial.
En cumplimiento de la sentencia, el 1 de enero pasado la Sedena debió realizar la transferencia de todas las atribuciones y facultadas de la Guardia Nacional a la SSPC, pero esto no ha sucedido.
En 2019, cuando se creó la Guardia Nacional en reemplazo de la Policía Federal que fue desmantelada por orden del presidente López Obrador, también quedó estipulado que al inicio la nueva corporación estaría conformada por los expolicías federales y con personal “prestado” tanto de la Sedena como de la Marina.
El presidente aseguró que en cuestión de tres meses la Guardia Nacional tendría personal civil que en masa acudiría a presentar su solicitud de ingreso, sin embargo eso nunca ocurrió. Actualmente la Guardia Nacional cuenta con 136 mil elementos, 92 % del cual proviene de la Sedena, 5% de la Semar y solo 3% es civil, lo que resta de la desmantelada Policía Federal.
En su conferencia matutina del 18 de diciembre de 2023, López Obrador afirmó que acataría “sin ningún problema” la resolución de la Corte: “No tenemos nosotros dificultad al interior porque la Secretaría de la Defensa sigue apoyando a la Guardia Nacional”, dijo. Sin embargo, a casi dos meses no ha cumplido.
Y añadió en aquella ocasión: “Ahora mismo la Secretaría de Seguridad Pública atiende lo de la Guardia, pero las cuestiones operativas están más vinculadas con la Secretaría de la Defensa”.
Mientras tanto, el presidente López Obrador y la Sedena siguen actuando en desacato a la resolución de la SCJN, al mantener a personal militar y el control administrativo y operativo de la Guardia Nacional.
Fuentes consultadas en la Guardia Nacional aseguran que la intención del mandatario morenista es mantenerse en desacato hasta que concluya su mandato, ya que anunció que antes de concluirlo enviará al Congreso un proyecto de reforma constitucional para que la Sedena obtenga el manejo de la Guardia Nacional y de esa forma asegurar que la corporación que creó “no se eche a perder”.
Mientras tanto, a los soldados los están certificando con el fin de tener un buen argumento para que continúen al frente de la Guardia Nacional, pero al ser una certificación fast track, sin hacer el curso, carecen del conocimiento para integrarse a la Guardia Nacional con labores de seguridad pública.
(Con información de Proceso).
