Despenalización del aborto obliga a atender a las mujeres y cambiar legislación: Académica
Resultado de una lucha de muchos años desarrollado por organismos y activistas a nivel nacional por el derecho de las mujeres, dijo Elizabeth Ávila
Redacción
Culiacán, Sinaloa.- Como una decisión histórica que tendrá repercusiones en diferentes ámbitos de la vida nacional, catalogó Elizabeth Ávila Carrancio el fallo de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que despenaliza la práctica del aborto a nivel federal.
La académica de la Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma de Sinaloa (UAS) señaló que esto es resultado de una lucha que, a lo largo de muchos años, desarrollaron organismos y activistas a nivel nacional por el derecho de las mujeres y personas gestantes a decidir.
“Esto implica que las mujeres y personas gestantes tendrán derecho a decidir y que el personal médico que participe en algún proceso de interrupción del embarazo no podrá ser sancionado, ni perseguido jurídicamente por las autoridades federales y estatales”, comentó.
Recordó que la histórica decisión se dio al conceder la Suprema Corte un amparo al Grupo de Información en Reproducción Elegida (GIRE) y declarar como inconstitucional el sistema legal que sanciona el aborto, argumentando que este sistema viola los derechos humanos de mujeres y personas con capacidad de gestación.
La Senadora de la República suplente y también ex directora del Instituto Sinaloense de las Mujeres, explicó que esta decisión de la Suprema Corte de Justicia va a implicar que algunos estados que tienen penalizado el aborto lo tengan que despenalizar.
Añadió que además de ello, las instituciones públicas de salud como el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores al Servicio del Estado (ISSSTE), el Hospital de la Mujer y los centros de Salud van a tener que brindar el servicio de aborto en forma gratuita a las mujeres que así lo soliciten.
Dejó en claro que la decisión de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es definitiva e inatacable, por lo cual todos los estados del país están obligados a acatar la resolución y en caso de ser necesario adecuar sus legislaciones.
